jueves, 23 de junio de 2016

La cuestión del arbitrio municipal sobre el Muelle Chico, 1923

En la época de Primo de Rivera, la fiscalidad sobre el muelle municipal se llevó al Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura


>> Ayer miércoles, día 28 de noviembre de 1923, asistí a una de mis últimas sesiones corporativas. La convoqué con carácter extraordinario a petición del Coronel Jefe del Batallón Cazadores de Fuerteventura 22, José Rueda Elías, quien dijo que actuaba en calidad de Delegado Especial del Gobierno de Su Majestad y en cuyo nombre nos traía el mensaje de los nuevos tiempos que se vislumbraban bajo los espadones de Primo de Rivera.

Todos acudimos al edificio de la calle Fernández Castañeyra donde el Cabildo y el Ayuntamiento comparten inmueble para sus respectivos quehaceres. Y hasta allí, mirando al mar y al muelle chico, fueron llegando los consejeros convocados: Antonio Bordón Melián, Manuel Morales García, Marcial Jordán Cabrera, Esteban López Rodríguez, Juan Peñate López, Fausto Carrión Arráez, Juan Torres Hernández, Juan Cabrera Aguilar, Cristóbal Cabrera, Luis Rodríguez Vera y yo, que estuve a punto de no acudir, pues razones de salud y achaques de la edad me obligan a guardar reposo.

Allí aguardamos a que llegara el delegado gubernativo durante casi media hora y eso que muchos de los consejeros venían desde Pájara, de Gran Tarajal, de Tuineje, de Antigua, de La Oliva, de la Villa y, los más cercanos, de Tetir y de Casillas del Ángel... todos esperábamos.

Hace diez años –oí comentar- que se constituyó el Cabildo por primera vez y nunca nos había presidido un militar, al menos con su uniforme de brega.

Al poco fuimos entrando a la sala de sesiones, donde el Coronel, para justificarse, nos mostró el oficio de su nombramiento como tal Delegado Especial, autorizado para presidir las instituciones de Fuerteventura, y largó, poco más o menos, la siguiente perorata:

"…un saludo a la Corporación haciendo un llamamiento a todos ustedes, señores consejeros, considerándolos igualmente respetables para que deponiendo posibles rencillas de agravios particulares y remotas disensiones de intereses privados, aporten todas sus energías a la obra patriótica, cuyo deseo representa mi modesta personalidad, cumpliendo el deber de salvaguardar los intereses legítimos españoles en el orden político y en el económico, como un conglomerado de hombres sensatos dispuestos a poner dique a la demasía de los de arriba como a la posible avalancha de ambiciones bastardas de los de abajo…"

Yo me quedé atónito. Escuchaba con respeto aquellas palabras que no dejaban de sorprenderme:

"…ha sonado la hora –siguió la autoridad militar- de la concordia no de la discordia nacional. Y la concordia en esta isla, rincón de España querido de todos, muy digno de sus respetos como todo cuanto cobija el glorioso pabellón español, requiere en primer término la solución del asunto que nos reúne, verdadera piedra angular o caballo de batalla en las sensibles disensiones que le han procurado el honor de venir investido de facultades extraordinarias y no ingerentes sino tan legítimas como dignas…"

Y lo soltó. El tema que nos concitaba aquí era abordar nada menos que el equilibrio de la fiscalidad insular: la exclusión del municipio de Puerto de Cabras de la exacción del arbitrio del Cabildo Insular y el fundamento del dicho ayuntamiento para percibir los arbitrios que viene aplicando por el uso del muelle de su puerto.

Entonces me levanté para, en el ejercicio de mis funciones como presidente, pedirle que me devolviera la vara, no sin agradecerle el alto honor con que nos regalaba al presenciar este acto como delegado gubernativo para mediar en lo que se presentía un choque de banderías localistas, y no se equivocaban. En especial le agradecí la cortesía, mesura y discreción, tan distintas y generosas como encrespadas fueron las de quien vino a disolvernos a finales de septiembre.

Y sabiendo la discrepancia que suscitaría en los representantes del sur, manifesté que el presupuesto del Cabildo ya se había aprobado con exclusión de Puerto de Cabras en el arbitrio de la Institución insular, reconociendo así la peculiaridad de la capital de Fuerteventura con su muelle.

Pero no tardó el señor Coronel presidente en contradecirme alegando que la superioridad no había aprobado el presupuesto con tales exenciones. Y leyó una Real Orden de 1918 para dejar clara su postura contraria a privilegios.

Lo mismo hizo Juan Peñate López, de Tiscamanita, agriando el debate contra Puerto de Cabras, a quien –dijo- además, no le asiste el derecho a cobrar por un muelle que era propiedad del Estado y que si se aplicaban beneficios a Puerto de Cabras, lo mismo debía aplicarse a otros de la isla que también tienen muelle, en clara alusión al pueblo de Gran Tarajal, perteneciente a la jurisdicción de Tuineje.

Y a la postura de Peñate se unieron otros del Sur y el propio Fausto Carrión, de Casillas del Ángel, siempre contrario a las desmesuradas apetencias de quienes gobernaban el Puerto, con mayúsculas.

Yo, como presidente, me mantuve firme en defensa de Puerto de Cabras y de su exclusión de la tarifa insular, frente a lo cual se opuso Esteban López, de Gran Tarajal, invocando, desde el respeto a los consejeros que nos habían precedido, una interpretación errónea de la Real Orden de 1918. Le apoyaron los otros representantes del sur.

Y como esperaban los que promovieron aquella reunión, fui finalmente derrotado al terciar el Coronel Presidente avisando que pondría el asunto en conocimiento del Gobernador Civil, y él mismo –dijo- defendía el final de la tributación del muelle de Puerto de Cabras como arbitrio municipal.

Así terminó aquella reunión, reabriendo la brecha del desequilibrio norte-sur, abono para futuras rivalidades.<<

Estampa del movimiento portuario en el muelle chico. La foto de los veleros del cabotaje en la bahía de Puerto de Cabras se recogía en el especial Bicentenario de la ciudad, publicada por el diario Canarias7, 1995
 
Quien me contó aquel episodio había presidido la Corporación Insular entre 1920 y 1924. Se llamaba Secundino Alonso y Alonso, fallecido en el ejercicio del cargo poco más de un mes después de la citada reunión, la víspera del Día de Reyes de 1924.

Se fue con su firme creencia en que cuanto defendía se ajustaba a derecho. A todos recordaba cuando podía que la imposición del arbitrio municipal a la importación y exportación por Puerto de Cabras databa de 1877; era anterior al muelle municipal, a cuya construcción contribuyeron varios comerciantes de la localidad.

Nos dejó recordando que dichos comerciantes pactaron unas bonificaciones en las operaciones portuarias, de suerte que no sabía si se habían recuperado de la inversión realizada.

Aún presidiendo el Cabildo, creía verdaderamente en la importancia de aquel arbitrio en la Hacienda Municipal del Puerto de Cabras, sin el cual posiblemente quebraría.

Y reconocía que el mantenimiento de aquella infraestructura era demasiado costosa para el municipio, razón por la cual, decía, en 1908 lo cedieron al Estado para su conservación. Y nada se dijo entonces de la exacción de los arbitrios que pesaban sobre el movimiento de mercancías en el malecón de nuestra ciudad.

Después vino la Ley de Cabildos de 1912, su Reglamento del mismo año y la Real Orden de 1918, que lo contrariaban al ver cómo la institución insular reclamaba aquellos arbitrios como fuente de su propia financiación y como fórmula para redistribuir equitativamente los beneficios entre todos los municipios, que era su verdadera función.

Dos años después de su muerte, don Secundino sería rescatado para el callejero de Puerto de Cabras por don Ángel González Brito, que logró convencer a la Comisión Permanente del verdadero sentido de la lucha de aquel presidente insular.